Según publica el Instituto Nacional de Estadística, los divorcios en nuestro país rondan los 100.000 al año. A los aludidos y a otros que estén barajando la posibilidad, les interesará saber que el Tribunal Supremo ha revisado la doctrina que hasta ahora venía aplicando en los procesos de Liquidación de la Sociedad de Gananciales.
En nuestra anterior entrada, abordamos algunos aspectos procesales introducidos por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), concretamente, la protección de la información secreta en el procedimiento judicial y sus especificidades en materia de incumplimiento de la buena fe procesal.
Han pasado más de tres meses desde que entrara en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), que transpuso al derecho nacional la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. A través de este artículo analizaremos algunos aspectos de la Ley relevantes para la práctica jurídica desde un enfoque eminentemente procesal.
La Sentencia 214/2013 del Tribunal Supremo, de 9 de mayo, cambió de manera sustancial en nuestro ordenamiento jurídico la situación de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios. En meritada Sentencia, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de una cláusula suelo y estableció como doctrina jurisprudencial la necesidad de realizar un control de transparencia en los contratos celebrados entre entidades financieras y consumidores.
Por mucho que en la actualidad la custodia compartida haya ganado fuerza, hasta fechas recientes la inmensa mayoría de rupturas de pareja terminaba con la atribución de la custodia de los menores a la madre y su irremediable adjudicación del uso de la vivienda familiar. Sin circunloquios: quien se queda con los niños, se queda con la casa.
