Diversas Decisiones Marco y Directivas Europeas venían exigiendo desde hace tiempo la imposición de sanciones a las personas jurídicas en relación con determinados delitos. Por ello, en el año 2010 el legislador español optó por modificar el Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio) e introducir por primera vez en nuestro ordenamiento un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretado en una posterior reforma de 2015.
Según publica el Instituto Nacional de Estadística, los divorcios en nuestro país rondan los 100.000 al año. A los aludidos y a otros que estén barajando la posibilidad, les interesará saber que el Tribunal Supremo ha revisado la doctrina que hasta ahora venía aplicando en los procesos de Liquidación de la Sociedad de Gananciales.
En nuestra anterior entrada, abordamos algunos aspectos procesales introducidos por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), concretamente, la protección de la información secreta en el procedimiento judicial y sus especificidades en materia de incumplimiento de la buena fe procesal.
Han pasado más de tres meses desde que entrara en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), que transpuso al derecho nacional la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. A través de este artículo analizaremos algunos aspectos de la Ley relevantes para la práctica jurídica desde un enfoque eminentemente procesal.
Ya es una realidad. El pasado domingo, doce de mayo, entró en vigor el registro diario obligatorio de la jornada laboral para todos los trabajadores. Esta novedad, causa del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, ha venido a modificar el Art. 34 del Estatuto de los Trabajadores añadiendo un nuevo apartado. De este modo:
